El verano trae días más largos, vacaciones y merecidos descansos. Sin embargo, para muchas empresas andaluzas el reto sigue siendo garantizar el real cumplimiento del derecho a la desconexión digital. En un entorno hiperconectado, desconectar no es solo desconectar el móvil, sino proteger la salud y la productividad de tu equipo.
Este fallo, de gran relevancia, reafirma la seguridad jurídica al mantener intacto el sistema indemnizatorio vigente.
La jubilación reversible asoma como una solución innovadora al reto demográfico y laboral que afronta España. Con esta modalidad, una persona jubilada puede volver al mercado laboral a tiempo parcial y compatibilizar salario y pensión, sin perder por completo sus derechos contributivos.
Vivimos un momento decisivo: el compliance, o cumplimiento normativo, ha dejado de ser una herramienta interna para convertirse en una obligación insoslayable. En Sevilla, Andalucía y el resto de España, las empresas ya no pueden ignorarlo sin arriesgar sanciones penales, reputacionales y económicas.
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España ha superado por primera vez los 3 millones de afiliados extranjeros a la Seguridad Social. Un dato que, lejos de ser anecdótico, revela una transformación profunda del mercado laboral, especialmente en ciudades con alta demanda como Sevilla. Este incremento supone un crecimiento de más de 187.000 personas respecto al año anterior, lo que representa ya el 14,1% de todos los cotizantes.
El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 16.576 € pasará a estar completamente exento de IRPF, y la ventaja fiscal se extenderá de forma gradual hasta sueldos de 18.276 €.
En nuestra ciudad, Sevilla, ya lo estamos viendo con claridad: la demanda de mano de obra cualificada y no cualificada no cesa, especialmente en sectores como la construcción, la hostelería, los cuidados o la logística. Y es precisamente aquí donde la inmigración está marcando una diferencia decisiva.
En Sevilla, como en toda Andalucía y el resto de España, la fórmula para calcular la pensión de jubilación parte de un concepto clave: la base reguladora.
La reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha supuesto un cambio de gran calado: las empleadas de hogar mayores de 52 años podrán acceder al subsidio por desempleo aunque no cuenten con los seis años de cotización exigidos.
